Domingo, 22. Enero 2012 - 19:36 Hora
El caso Garzón
ForumLibertas.com
El actual juicio contra el juez Garzón por grabar las conversaciones de presos con sus abogados defensores tiene una importancia y una gravedad que va mucho más allá de la pena de carácter esencialmente administrativo en la que puede incurrir el juez. Se trata de comprobar en vivo y en directo, y con todo lujo de detalles, cómo puede haber jueces de la importancia que ha tenido Garzón con una visión tan totalitaria de la justicia, una visión que se acerca más a los robesperianos del periodo de terror de la dictadura en la Revolución Francesa que a la justicia de un Estado de Derecho. Y para que esta frase no sea una exageración es necesario razonarla.
Garzón, en su extenso discurso, se fundamenta en dos puntos. Primero, el de que el fin justifica los medios, es decir el mismo principio que aplicaron por ejemplo los GAL que él persiguió. Argumenta que no había otra forma de conocer el blanqueo dinero, aunque siempre hay otras formas en una investigación policial bien hecha. Pero, lo más importante es que este argumento se sitúa al margen de la ley, que establece de manera muy concreta cuáles son las garantías de las personas que se encuentran en prisión, que precisamente por esta condición ven debilitados ya de por sí sus propios derechos.
Si el abogado defensor no tiene la garantía absoluta de la más total reserva de sus conversaciones con los presuntos inculpados, la posibilidad de defenderse para éstos desaparece y con ella una garantía esencial del Estado de Derecho. No importa que el acusado sea no ya un estafador sino un asesino en serie. Por principio, la ley ha de prevalecer no únicamente porque sea ley, que ya es una razón definitiva, sino porque esta garantía es una pieza fundamental para establecer el delicado arco que regula los derechos de los ciudadanos.
El segundo punto de la defensa de Garzón es la razón de Estado. Su argumento viene a decir que si por el interés general del Estado conviene hacer una acción hay que hacerla y que la ley debe supeditarse a la misma. Entramos entonces en el reino de la más absoluta arbitrariedad. Garzón ha de ser castigado con la máxima severidad posible, no en razón de su nombre sino por lo que ha hecho en este caso concreto. No se juzga una trayectoria, se juzga un presunto delito. Y quienes lo defienden y critican al tribunal por razones políticas están haciendo el caldo gordo a un pensamiento totalitario.
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